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Jueces en rebeldía

Por Alberto Rafael Laría * El traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fue una grave irregularidad del gobierno de Macri. Se trató de una injerencia flagrante en la independencia de uno de los tres poderes del Estado. Si el actual gobierno siguiera los mismos criterios por los que en el 2018, vía decreto […]




Por Alberto Rafael Laría *


El traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fue una grave irregularidad del gobierno de Macri. Se trató de una injerencia flagrante en la independencia de uno de los tres poderes del Estado. Si el actual gobierno siguiera los mismos criterios por los que en el 2018, vía decreto y sin acuerdo del Senado se los designó, tendría hoy las manos libres para armar una arquitectura de jueces según sus propios criterios de idoneidad, con consecuencias funestas para la administración de una Justicia independiente.


Desde que Bartolomé Mitre nombró a los primeros jueces de la Corte argentina en 1862, ningún presidente democrático volvió a usar ese método. El gobierno macrista designó por decreto y en comisión a dos jueces del más alto tribunal de justicia. Si se alcanzaron esos atropellos, la designación posterior de magistrados amigos fue tan solo un estadío más de aquel momento iniciático. No puede obviarse que los nombramientos obedecieron a un plan de uso indebido de instrumentos jurídicos para la destrucción de sus adversarios.


El espionaje ilegal, el armado de causas a partir de noticias, estrafalarias delaciones, falsos testigos arrepentidos y la coacción de jueces, fueron prácticas espurias corrientes que envilecieron a un sector de la Justicia y debilitaron la vigencia del Estado de Derecho. La persecución judicial contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner para alcanzar su inhabilitación o encarcelamiento, se inscribió en esa lógica de destrucción por cualquier medio del adversario político. Era la pócima que prescribía Durán Barba, maestro para cínicos y embaucadores, y que con rigor aplicó el macrismo.


El liberalismo tiene objetivos e intereses. No auspicia principios éticos ni evalúa conductas según preceptos morales. Bien sabemos que desde la irrupción del peronismo en la escena política, el liberalismo se desconectó del concepto de democracia. En nombre de la Libertad y la República, el primer peronismo fue bombardeado, fusilado, derrocado con un golpe de Estado y proscripto. La última dictadura militar, fue la voluntad más espeluznante y trágica de impedir su vigencia. El gobierno del macrismo no fue ajeno a ese fundamento histórico de persecución. Sólo que utilizó nuevas formas de control y sometimiento. Los instrumentos de la guerra judicial que habían probado su eficacia en Brasil, con la persecución a Lula da Silva. A esos fines se prestó un sector de la Justicia que utilizó a los servicios de inteligencia del Estado y contó con la complicidad activa de la corporación mediática. En este contexto son explicables las designaciones a dedo de los jueces mencionados.


Los hechos no presentan opacidad alguna. El Consejo de la Magistratura advirtió que hay diez jueces que habían sido trasladados sin acuerdo del Senado. El Poder Ejecutivo los envió al Senado para su tratamiento. De los diez, se presentan siete para subsanar el procedimiento. Los tres jueces en cuestión omitieron presentarse y es por eso que el Senado no les dio el acuerdo. En este caso, los jueces no dejan de serlo y continuarán sus tareas en los tribunales en que sí tienen acuerdo. No se les afecta derecho alguno, ni se afecta su inamovilidad. Además, el decreto del Poder Ejecutivo señaló expresamente que los actos que hayan dictado seguirán siendo válidos. Los jueces han desestimado las resoluciones y se han declarado en rebeldía. Ante el Senado, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura. Insisten ahora, en pedir que la Corte respalde sus designaciones por traslados, a donde los llevó irregularmente el gobierno de Mauricio Macri.


La corporación mediática silenció en su momento las denigraciones a la Justicia. Induce ahora a sus audiencias a interpretar los hechos mediante la más desvergonzada malversación de las palabras. Quieren imponer la visión de que el gobierno pretende una “remoción de jueces”. Otras veces se trataría de “desplazar a los tres jueces que investigan a Cristina”. “Buscan impunidad”. Conforman una indignada cadena de significantes que se multiplican, para estimular emociones primarias y alentar un clima de sospechas sobre el gobierno.


Se trata en definitiva, de un acto del gobierno que aspira a una reparación constitucional. Revestirlo de otras intenciones, es llanamente una nueva operación de manipulación informativa del autodenominado “periodismo de guerra”. Apunta a infectar el clima de convivencia democrática en momentos en que la sociedad vive con desolación los efectos devastadores de la pandemia y la vida se fragiliza. La política democrática y la guerra son términos opuestos. La disolución de estos límites se alcanza cuando no hay un reconocimiento del orden simbólico impuesto por la Constitución y la legitimidad del presidente Fernández para gobernar. Para el supremacismo de clase y de raza, el proceso democrático resulta un obstáculo y el peronismo, que es su consecuencia, vuelve a ser un mal que viven con doliente sacrificio y es por ello que procuran su supresión.

* Psicoanalista. Psicólogo social


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